Cuando el presidente Donald Trump firmó su decreto ejecutivo sobre psicodélicos el 18 de abril de 2026, la imagen lo decía todo. Junto a él estaban Joe Rogan, el veterano Marcus Luttrell, el congresista Morgan Luttrell, Bryan Hubbard de Americans for Ibogaine, el comisionado de la FDA Marty Makary, el director del NIH Jay Bhattacharya, y el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.

No había líderes indígenas. No había practicantes religiosos. No había representantes de las comunidades más golpeadas por la Guerra contra las Drogas. No había defensores de la libertad cognitiva.

Esa ausencia dice más sobre la dirección del renacimiento psicodélico que el propio texto del decreto.

Tres caminos, uno elegido

El jurista de Harvard I. Glenn Cohen ha descrito tres vías posibles para la política psicodélica en Estados Unidos: la farmacéutica —a través de la FDA y la aprobación de medicamentos—, la religiosa —exenciones para iglesias y comunidades indígenas como la Native American Church—, y la de la libertad cognitiva —despenalización del uso personal adulto—. El decreto de Trump eligió exclusivamente la primera.

Seis días después de la firma, la FDA otorgó vouchers de prioridad a tres programas psicodélicos: Compass Pathways y Usona Institute para versiones sintéticas de psilocibina, y Transcend Therapeutics para metilona. Los tres son compuestos sintéticos patentables. Los hongos psilocibios —la fuente natural de la molécula que dos de estas empresas pretenden comercializar— siguen siendo ilegales a nivel federal. El decreto no cambia eso.

El pipeline de Texas

Esta política no surgió de los centros de investigación de Harvard ni de Johns Hopkins. Nació en Texas. En 2025, la legislatura texana aprobó el Proyecto de Ley 2308, destinando 50 millones de dólares a ensayos clínicos con ibogaína y exigiendo otros 50 millones de una empresa privada. Cuando ninguna compañía aportó esa cifra, Texas la cubrió con fondos públicos.

Los arquitectos del proyecto fueron Rick Perry, ex secretario de Energía de Trump, y Bryan Hubbard, CEO de Americans for Ibogaine. El 1 de abril de 2026, ambos aparecieron juntos en el podcast de Joe Rogan para defender la acción federal. Diecisiete días después, Trump firmó el decreto. Rogan estaba en la sala.

¿Quién se cura y para qué?

El decreto es explícito en su población objetivo: veteranos de guerra. La narrativa política ha enmarcado la medicina psicodélica como solución a la crisis de suicidio entre veteranos, y es un argumento con peso real. Pero también silencia preguntas incómodas: ¿qué tipo de trauma se trata? ¿Qué sistema lo produce? La psicología de la liberación distinguiría entre el trastorno de estrés postraumático clásico y la lesión moral —la herida psicológica que surge de actos que violan el propio código ético—. El modelo de medicalización convierte esa lesión moral en un diagnóstico individual tratable, sin tocar las estructuras que generan el daño.

El camino no tomado

Existe otro modelo posible: la despenalización basada en derechos. Un modelo que no requiere diagnóstico ni receta, que reconoce el uso religioso e indígena, que permite a adultos tomar decisiones informadas sobre su propia conciencia sin pedir permiso a una agencia federal.

Ese modelo no es incompatible con la investigación clínica rigurosa. Pero el decreto de Trump los trata como opuestos. Al volcar todos los recursos federales en la vía farmacéutica, el decreto hace una afirmación implícita: que el único acceso legítimo a los psicodélicos es el que media la FDA, la DEA y la industria farmacéutica. Todo lo demás queda, por omisión, fuera de la ley.

El decreto eligió su bando. La pregunta es qué bando elegimos los demás.

Traducido y adaptado desde Chacruna Institute