Un grupo de legisladores de ambos partidos presentó el 30 de junio la Ley IBOGAINE (siglas de «Initiating Biomedical Outcomes to Garner Advancements into Innovative Neuroplastogen Efficacy»), un proyecto que busca convertir en ley permanente buena parte del decreto que el presidente Trump firmó meses atrás para acelerar el acceso médico a los psicodélicos.
Quiénes impulsan el proyecto
La iniciativa lleva la firma de los representantes Morgan Luttrell (R-TX), Lou Correa (D-CA), Jack Bergman (R-MI) y Michael McCaul (R-TX), una combinación que mezcla a republicanos y demócratas y que incluye a varios veteranos militares entre sus autores. Luttrell, exmiembro de los Navy SEAL, viene impulsando desde hace tiempo la causa de la ibogaína como tratamiento para el estrés postraumático y las lesiones cerebrales traumáticas en veteranos.
Qué cambiaría en la práctica
El texto ordena al fiscal general que, en un plazo de 60 días, determine si corresponde trasladar a la ibogaína y sus compuestos de la Lista I a la Lista II de la Ley de Sustancias Controladas. La Lista I es la categoría reservada a sustancias sin uso médico reconocido y alto potencial de abuso; pasar a la Lista II implicaría reconocer un valor terapéutico, aunque con controles estrictos.
El proyecto también crea, por primera vez, una definición legal de «ibogaína» a nivel federal: incluye todas las partes de la planta Tabernanthe iboga, además de cualquier compuesto o análogo que actúe sobre la neuroplasticidad, los receptores opioides o las vías serotoninérgicas para interrumpir ciclos de adicción o restaurar funciones neurológicas alteradas por traumas, consumo crónico de sustancias o lesiones cerebrales.
Un mecanismo que se repetiría con otras sustancias
Una cláusula adicional obliga al fiscal general y a la secretaria de Salud y Servicios Humanos a iniciar procesos de reclasificación para cualquier otra sustancia de la Lista I que complete con éxito ensayos clínicos de Fase 3, sentando un mecanismo que podría aplicarse en el futuro a la psilocibina, el MDMA o el LSD si sus respectivos programas de desarrollo farmacéutico avanzan.
El contexto veterano
Los impulsores del proyecto insisten en que la prioridad es garantizar el acceso de los veteranos a estos tratamientos: la ley exigiría informes de avance periódicos elaborados por el subsecretario de Salud del Departamento de Asuntos de Veteranos, en un intento de dar seguimiento institucional a una demanda que viene creciendo dentro de esa comunidad.
El proyecto todavía debe pasar por comité y una votación en el pleno antes de convertirse en ley, un camino que puede llevar meses o no prosperar. Pero su sola presentación confirma que la reclasificación de la ibogaína dejó de ser una discusión exclusivamente estatal —Texas, Colorado, Misisipi y otros ya avanzaron con programas propios— para instalarse también en el Capitolio.
Fuente: Marijuana Moment
Foto: dbking, licencia by 2.0 vía Openverse
