En abril de 2026, la administración Trump emitió un decreto ejecutivo que incluía una partida de 50 millones de dólares destinada a la investigación científica de sustancias psicodélicas. La medida, que sorprendió a muchos por su origen político, ha generado tanto entusiasmo como cautela en la comunidad científica y activista.

Un giro inesperado

Pocos hubieran imaginado hace una década que sería un gobierno republicano el que impulsara la inversión federal en psicodélicos. Pero la lógica detrás del decreto es más pragmática que ideológica: la crisis de salud mental en Estados Unidos, especialmente entre veteranos de guerra, ha creado una urgencia política que trasciende las divisiones partidarias.

El suicidio de veteranos sigue siendo una emergencia nacional. El fentanilo mata a decenas de miles de estadounidenses cada año. En este contexto, el ibogaína y la psilocibina han capturado la atención de legisladores de ambos partidos como posibles soluciones.

¿Qué financia el decreto?

Según información publicada por MAPS, el decreto canalizará fondos a través de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para financiar ensayos clínicos en tres áreas principales: ibogaína para adicción a opioides en veteranos, MDMA para el TEPT y psilocibina para depresión resistente al tratamiento.

Stanford y otros centros académicos de élite ya realizaban investigación pionera en estas áreas. El nuevo financiamiento federal promete acelerar los plazos y ampliar el alcance de los estudios.

Las voces críticas

No todos celebran el giro federal. Algunos activistas alertan sobre los riesgos de que el gobierno —y el capital privado que lo rodea— se apodere de un movimiento impulsado durante décadas por comunidades independientes. La preocupación es que la agenda de investigación se distorsione para favorecer sustancias patentables y modelos de negocio privados.

Una oportunidad con condiciones

Para MAPS y otras organizaciones del sector, el financiamiento federal representa una oportunidad histórica que no debe desaprovecharse, pero tampoco aceptarse sin condiciones. El acceso equitativo, la representación de comunidades marginadas en los ensayos y la protección del conocimiento indígena son demandas que deben estar sobre la mesa en cualquier negociación.