Texas tenía un plan: destinar 50 millones de dólares estatales a ensayos clínicos de ibogaína y encontrar un socio farmacéutico privado que igualara esa cantidad. Pero ninguna empresa presentó candidatura. Ante ese vacío, el Teniente Gobernador Dan Patrick y el Presidente de la Cámara Dustin Burrows anunciaron que Texas procederá sola, comprometiendo el doble: 100 millones de dólares en fondos exclusivamente estatales.
UTHealth Houston —en colaboración con UTMB Health— liderará los ensayos clínicos, financiados en su totalidad con recursos del estado. El programa nació de la Ley del Senado 2308, aprobada en 2025 con el objetivo explícito de llevar la ibogaína a los veteranos de guerra con TEPT y adicciones.
Según Katharine Neill Harris, investigadora de política de drogas en la Universidad de Rice, la ausencia de candidatos privados no es sorprendente: los requisitos del programa simplemente no resultaban atractivos para la industria. Harris también advirtió que 100 millones puede ser insuficiente, ya que el coste habitual de desarrollar un medicamento nuevo hasta la aprobación de la FDA ronda los 1.000 millones de dólares.
Varios estados están aprobando legislación similar. Mississippi, por ejemplo, ha exigido que su consorcio de investigación colabore con el mismo desarrollador que encabece el consorcio de otro estado —una apuesta por el modelo multi-estatal promovido por la organización Americans for Ibogaine.
Traducido desde KVUE News
