El 18 de abril de 2026, el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó un decreto ejecutivo que ordena a las agencias federales acelerar la investigación y el acceso regulado a tratamientos psicodélicos para enfermedades mentales graves, con especial énfasis en la ibogaína y el bienestar de los veteranos de guerra.
El decreto, titulado «Accelerating Medical Treatments for Serious Mental Illness» (Acelerando Tratamientos Médicos para la Enfermedad Mental Grave), instruye a la FDA a establecer una vía de acceso bajo el marco de la Ley del Derecho a Intentarlo (Right to Try Act) para que pacientes elegibles puedan obtener fármacos psicodélicos en fase de investigación —incluidos compuestos de ibogaína— siempre que hayan superado los requisitos básicos de seguridad.
El decreto asigna además 50 millones de dólares a un programa de cofinanciación: el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) igualará las inversiones que realicen los estados en investigación de psicodélicos como tratamientos de salud mental. La FDA emitirá también vales de revisión prioritaria para tres compuestos psicodélicos, un mecanismo que podría reducir el tiempo de evaluación regulatoria de meses a semanas.
La ceremonia de firma estuvo cargada de simbolismo. Junto al presidente se encontraban el presentador de podcasts Joe Rogan —quien había debatido en su programa el potencial terapéutico de la ibogaína para veteranos—, el congresista Morgan Luttrell y su hermano Marcus Luttrell, exmiembro de los Navy SEALs y superviviente de la Operación Red Wings. Todos son figuras públicamente comprometidas con el uso de la ibogaína para tratar el TEPT y las adicciones en veteranos de combate.
La ibogaína es un alcaloide derivado de la raíz del arbusto Tabernanthe iboga, utilizado ritualmente en Gabón y otras regiones de África central. A diferencia de otros psicodélicos, produce experiencias que duran entre 12 y 36 horas y se asocia con interrupciones abruptas de adicciones a opioides de efectos rápidos y, en algunos casos, duraderos. Sin embargo, conlleva riesgos cardíacos significativos —incluyendo arritmias— que han motivado cautela regulatoria hasta la fecha.
El decreto generó reacciones encontradas en la comunidad científica. Investigadores como el doctor Matthew Johnson de la Universidad Johns Hopkins valoraron positivamente la señal política, pero advirtieron que el campo necesita fortalecer su base de evidencia antes de que una aprobación acelerada sea prudente. Expertos en bioética de la Universidad de Harvard señalaron la necesidad de salvaguardias adicionales dadas las características de riesgo de estos compuestos.
El decreto llega semanas después de que la FDA emitiera sus primeros vales de revisión prioritaria para tratamientos psicodélicos, y en el contexto de un ensayo clínico federal del VA con MDMA para veteranos con TEPT, iniciado en mayo de 2026.
Fuente: Casa Blanca / NPR / CNN