La política sobre los psicodélicos en Estados Unidos vivió un punto de inflexión histórico el 18 de abril de 2026, cuando el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva titulada «Acelerando los tratamientos médicos para enfermedades mentales graves». El decreto, que marca el mayor respaldo político a los psicodélicos terapéuticos en la historia del país, destina decenas de millones de dólares a la investigación, ordena a la FDA crear mecanismos de revisión acelerada y abre un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y las sustancias psicodélicas.

¿Qué ordena el decreto?

La orden ejecutiva de Trump contiene varios mandatos concretos que, combinados, representan un cambio significativo en el enfoque federal hacia los psicodélicos. En primer lugar, ordena a la FDA desarrollar y aplicar procesos expeditos de revisión para los compuestos psicodélicos con potencial terapéutico demostrado en ensayos clínicos. De este mandato nacieron los Vales de Prioridad Nacional que la FDA emitió posteriormente para tres programas de psicodélicos.

En segundo lugar, el decreto destina al menos 50 millones de dólares federales para igualar los fondos que los estados aporten a programas de investigación sobre psicodélicos, creando un mecanismo de cofinanciación que incentiva la acción a nivel estatal. Esta medida reconoce el papel pionero que estados como Oregon, Colorado y Nueva Jersey han jugado en el avance de la agenda psicodélica, y busca ampliar ese dinamismo a escala nacional.

Adicionalmente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) recibió el mandato de destinar 100 millones de dólares a investigaciones sobre «neuroplastógenos», un nuevo término que agrupa bajo un paraguas científico a sustancias como la ketamina, la psilocibina, la ibogaína, el LSD y el DMT, reconociendo su mecanismo compartido de promoción de la neuroplasticidad como base para sus efectos terapéuticos.

El foco en los veteranos

Un aspecto central de la orden ejecutiva es su énfasis en los veteranos militares. Mención especial merece la ibogaína, que el decreto identifica explícitamente como una prioridad de investigación dado su potencial para tratar el PTSD y el traumatismo craneoencefálico leve (TCE) que afectan a decenas de miles de veteranos. El Departamento de Asuntos de Veteranos y el Departamento de Defensa recibieron instrucciones de colaborar con la FDA para acelerar los ensayos clínicos con ibogaína en esta población.

Esta atención a los veteranos no es accidental: la causa del tratamiento psicodélico para el PTSD de combate ha ganado tracción política gracias al activismo de organizaciones como VETS (Veterans Exploring Treatment Solutions), que llevan años haciendo lobbying en Washington y que aplaudieron la firma del decreto. Para muchos veteranos que han probado la ibogaína en clínicas de México y otros países, el reconocimiento oficial de su potencial terapéutico tiene un valor simbólico enorme.

El impacto en los estados

La orden ejecutiva llegó en un momento en que varios estados ya estaban avanzando de manera autónoma en la regulación de los psicodélicos con fines terapéuticos. Oregon lanzó su programa de psilocibina en 2023; Colorado ha seguido un camino similar; y estados como Nueva Jersey y Texas están en distintas etapas de proceso legislativo. La orden federal aporta a estas iniciativas estatales legitimidad, financiamiento potencial y la promesa de un marco regulatorio nacional más coherente.

Nueva Jersey, en particular, anunció un compromiso de 6 millones de dólares para investigación de psilocibina y un proyecto de ley que abriría centros de terapia con psilocibina supervisada. Texas, donde la red de clínicas de ketamina ya es una de las más densas del país, está explorando marcos regulatorios para la psilocibina y el MDMA una vez que se produzcan las aprobaciones federales.

La paradoja de la Schedule I

Un elemento de complejidad que el decreto no resuelve —y que algunos críticos señalan— es la persistente clasificación de la psilocibina, el LSD, la ibogaína y el MDMA como sustancias de la Clase I del sistema federal de control de drogas, lo que implica que se las considera sin valor terapéutico aceptado y con alto potencial de abuso. Esta clasificación dificulta la investigación, complica la aprobación regulatoria y limita la prescripción incluso si la FDA aprueba un medicamento basado en estas sustancias.

Para que la aprobación de un medicamento psicodélico por la FDA se traduzca en disponibilidad clínica real, se necesitará también una acción paralela de la DEA para reclasificar la sustancia correspondiente. El decreto de Trump insta a las agencias federales a «explorar» esta cuestión, pero no ordena explícitamente la reclasificación, dejando este paso crucial en un limbo regulatorio que los expertos del sector siguen observando con atención.

Un cambio de paradigma político

Quizás el aspecto más significativo de la orden ejecutiva de Trump es lo que revela sobre el cambio de percepción política en torno a los psicodélicos. Hace diez años, ningún presidente republicano habría firmado un decreto apoyando la investigación de sustancias como la psilocibina o la ibogaína. El hecho de que lo haga Trump —cuya base electoral incluye a muchos de los veteranos que han encontrado alivio en estas sustancias— ilustra cómo la causa de los psicodélicos terapéuticos ha logrado trascender las divisiones partidistas tradicionales en Estados Unidos.

Para la comunidad global de investigadores, médicos, pacientes y activistas que llevan décadas trabajando para que los psicodélicos fueran reconocidos como herramientas terapéuticas legítimas, el decreto de Trump representa un momento de validación política sin precedentes. La pregunta ya no es si los psicodélicos tendrán un lugar en la medicina convencional, sino cuándo y cómo.

Fuente: Casa Blanca – Military Times