La ley de ibogaína de Colorado entra hoy en vigor. Se vendió como una medida para veteranos con adicciones y estrés postraumático, y en efecto crea un programa piloto de investigación con hasta cinco centros. Pero en sus últimos días de tramitación legislativa incorporó un segundo bloque que casi nadie discutió en público y que altera el corazón de la despenalización aprobada por los votantes en 2022.

Lo que sí crea la ley

La HB 26-1325 instala un programa piloto de investigación con ibogaína dentro de la Behavioral Health Administration estatal. El estado podrá aprobar hasta cinco sedes para estudiar la sustancia en trastornos mentales y adicciones, gestionar autorizaciones federales, acompañar solicitudes de nuevo fármaco en investigación ante la FDA, negociar con la DEA y recolectar datos.

El programa no se financia con dinero público. Depende de donaciones, subvenciones y aportes en especie, y secciones clave solo se activan si la administración reúne al menos 150.000 dólares antes de 2028. Para la doctora Stacy Fischer, investigadora de la Universidad de Colorado Anschutz, esa cifra es insuficiente: la ibogaína exige cribado cardíaco riguroso, monitoreo continuo, control de electrolitos y capacidad de responder a arritmias —desfibriladores, carros de paro, soporte vital avanzado y hospital cerca—. «Es un compuesto mucho más complicado», advierte, y sostiene que los ensayos deberían hacerse en centros como Anschutz, no en instalaciones comunitarias.

El bloque que nadie discutió

La controversia no está en el piloto de investigación, sino en una sección añadida en los días finales de la sesión legislativa. El texto modifica el estatuto penal sobre medicina natural: prohíbe publicitar medicina natural o productos derivados, y veta el uso de servicios de reducción de daños o de acompañamiento como vía para vender.

Los ejemplos son explícitos: tiendas, mesas o puestos de venta, y cualquier negocio que entregue medicina natural a cambio de dinero cuando el consumo no ocurre bajo la supervisión de quien la entrega. También quedan prohibidas las ventas online, la venta de servicios o artículos que incluyan la transferencia de medicina natural, y las cuotas recurrentes para acceder a ella. Los servicios genuinos de reducción de daños que no intercambian sustancias quedan fuera de la prohibición.

El modelo gris en la mira

Sean McAllister, abogado especializado en psicodélicos en Denver, sostiene que el cambio apunta a quienes cobran por educación, reducción de daños o acompañamiento mientras comparten psilocibina bajo las protecciones de uso personal creadas por la Proposición 122. «Esto se presentó como el proyecto de la ibogaína», dice. «A último momento metieron enmiendas que modificaron significativamente la despenalización».

Bajo el nuevo texto, según su lectura, ya no basta con enseñarle a alguien sobre dosis, riesgos y uso seguro y mandarlo a casa con microdosis: si hay pago y se comparte medicina natural, el acompañamiento debe ocurrir de forma simultánea al consumo. Eso encarece el modelo y empuja a más gente hacia los centros de sanación regulados, donde una sesión completa cuesta miles de dólares. McAllister asegura no tener constancia de audiencias públicas ni testimonios sobre esas modificaciones.

La representante estatal Lisa Feret, una de las promotoras, responde que los cambios surgieron de conversaciones con la oficina del gobernador y buscan clarificar publicidad y uso responsable: «No queremos regalar estos productos de medicina natural de forma irresponsable». El senador Matt Ball, veterano y coautor, lo resume en una frase: los habitantes de Colorado «no votaron por la venta recreativa de psilocibina».

Foto: jmv, licencia CC BY.

Fuente: Westword