Mientras Estados Unidos aprueba presupuestos millonarios para ensayar la ibogaína contra las adicciones, en el país de donde procede la planta la conversación es otra. Georges Gassita, funcionario del Estado gabonés y miembro del consejo de la fundación ROOTS Fellowship, viajó este verano de Libreville a Aspen para explicarlo en persona ante científicos, abogados, empresarios y responsables políticos: el iboga ha dejado de ser en Gabón una medicina tradicional o una curiosidad científica para convertirse en un asunto de Estado.

De producto forestal a patrimonio estratégico

El cambio tiene fecha y número. Hasta este año, el iboga se gestionaba en Gabón bajo un decreto de 2004 (nº 01029/PR) que lo trataba como un producto forestal no maderable más, bajo jurisdicción exclusiva del Ministerio de Aguas y Bosques. Ese marco lo abordaba como una cuestión técnica y comercial: no decía nada sobre investigación, diplomacia ni sobre el conocimiento tradicional asociado a la planta.

El decreto nº 0239/PR, del 22 de mayo de 2026, reescribió esa lógica. El iboga y sus derivados pasan a estar clasificados como patrimonio estratégico nacional, y cualquier actividad que los involucre —desde la investigación hasta la exportación— requiere autorización previa del Ministerio de Cultura, tras el dictamen vinculante de una nueva comisión técnica interministerial. La aprobación deja de ser un trámite rutinario de funcionarios forestales para convertirse en una decisión política colectiva tomada en el centro del Gobierno.

Disposición no es lo mismo que explotación

Gassita insiste en un matiz que suele perderse en los debates del norte global. En sus conversaciones con ancianos y sanadores tradicionales encuentra una disposición genuina a compartir la medicina con fines terapéuticos. Pero esa disposición, subraya, no equivale a aceptar la explotación. La diferencia entre una cosa y otra la marca la compensación justa, que a menudo toma la forma de mejoras tangibles en la vida de las aldeas: infraestructura, servicios, beneficios que se quedan donde está la planta y el conocimiento.

El funcionario relata que en Aspen encontró interés real por esa idea entre profesionales del sector, que querían entender cómo la reciprocidad cultural podría convertirse en algo concreto y no en una declaración de intenciones. Pero también detectó otra cosa: prácticamente todos los actores implicados quieren liderar la conversación sobre el futuro del iboga. El interés global crece tan rápido que numerosas organizaciones están intentando definir ese futuro al mismo tiempo.

De ahí su conclusión: Gabón debe participar activamente en el debate, porque si el país no ayuda a darle forma, inevitablemente lo harán otros.

Por qué importa fuera de Gabón

El planteamiento llega en un momento delicado. Varios estados norteamericanos —Texas, Kentucky, Indiana, Nuevo Hampshire, Misisipi— han comprometido decenas de millones de dólares para investigar la ibogaína contra el trastorno por consumo de opioides, y el Congreso estadounidense tramita legislación específica sobre la sustancia. Toda esa maquinaria depende, en última instancia, de un arbusto que crece en la cuenca del Congo y de un cuerpo de conocimiento que las comunidades gabonesas llevan generaciones custodiando.

La demanda internacional también presiona sobre la propia planta. Tabernanthe iboga crece despacio y su recolección para extraer la corteza de la raíz puede ser destructiva, un problema que ya ha llevado a buscar fuentes alternativas y rutas de síntesis. El nuevo marco gabonés, al exigir autorización política previa para cualquier exportación o investigación, es también una herramienta de control sobre esa presión.

La pregunta que queda planteada es si el sector psicodélico internacional está dispuesto a tratar la soberanía de los países de origen como una condición de partida, y no como un asunto que se resuelve después, cuando ya hay patentes y ensayos clínicos en marcha.

Foto: «Iboga», de DMTrott (CC BY-SA 4.0).

Fuente: Psychedelics Today