El programa de psilocibina de Oregón, el primero de su tipo en Estados Unidos, ha evolucionado más allá de los «usos estrictamente médicos» y podría estar admitiendo a más personas de las que resulta seguro. Es la conclusión de un estudio de investigadores de la Universidad Johns Hopkins publicado a mediados de junio en el International Journal of Drug Policy, que analiza los datos de 2025 de la Autoridad Sanitaria de Oregón.

Quién entra y para qué

El retrato que emerge de las cifras oficiales es revelador. La mayoría de los clientes del programa procede de rentas altas y de fuera de Oregón. Y aunque muy pocos declararon reacciones adversas, una proporción significativa acudió a los servicios de psilocibina por motivos de «salud y bienestar general». Los otros dos motivos más citados el año pasado fueron el cambio de perspectiva y la «expansión de la conciencia».

Oregón es el único estado del país que usa un modelo de «uso adulto asistido»: basta con que la persona esté supervisada por un facilitador con licencia en un centro de servicios, y puede acceder a la sustancia por razones estrictamente personales. No hace falta diagnóstico ni derivación médica.

Un riesgo menor del esperado, con una advertencia

David Yaden, profesor asociado de investigación psicodélica en la Facultad de Medicina de Johns Hopkins, señaló que el «perfil de riesgo» del programa resultó mejor de lo que anticipaba, apoyándose en el bajo número de respuestas negativas registradas. Añadió, sin embargo, que existe la posibilidad de que no se estén notificando todas las incidencias.

El punto que más inquieta a los autores no es la tasa de eventos adversos, sino una ambigüedad de diseño. Algunas personas buscan estos servicios por bienestar general y otras para tratar condiciones médicas o psiquiátricas; y no está claro que un sistema pensado para lo primero sea el marco adecuado para lo segundo. Los investigadores lo formulan como una cuestión que corresponde discutir a nivel de política pública, no de regulación administrativa.

De hecho, la agencia sanitaria estatal recordó, a través de su portavoz Erica Heartquist, que los criterios amplios de elegibilidad vienen escritos en la ley que los votantes de Oregón aprobaron en noviembre de 2020, y que no es la agencia la que los ha ampliado. Los productos, subrayó, deben ser cultivados por un fabricante con licencia, analizados por un laboratorio autorizado y suministrados únicamente en un centro con licencia durante una sesión de administración.

Más datos en camino

El estudio de Johns Hopkins no es la única investigación en marcha sobre el modelo de Oregón. La Universidad de Ciencia y Salud de Oregón (OHSU) anunció en febrero una iniciativa con financiación federal para examinar la seguridad y la eficacia del acceso a psilocibina en entornos comunitarios, en lugar de laboratorios altamente controlados.

Todd Korthuis, codirector del Oregon Psilocybin Evaluation Nexus de esa universidad, adelantó que su grupo publicaría en julio sus propios resultados sobre cómo responden las personas hasta 72 horas después de la sesión, y no solo el mismo día. Esos datos permitirán evaluar si aparecen más reacciones negativas entre quienes recurren a la sustancia por problemas serios como el trauma o la depresión.

Su valoración resume bien el estado de la cuestión: se declara «cautelosamente optimista» respecto a que ampliar los servicios mediante programas regulados por el estado sea algo bueno, pero advierte de que no habrá certeza hasta contar con datos a largo plazo de las personas que acceden a ellos.

El contexto importa: Oregón trabaja con un plan a cuatro años, de 2025 a 2029, orientado a desestigmatizar el uso de psilocibina como «opción culturalmente adaptada para la sanación y el bienestar» tras su despenalización en 2020. La tensión entre ese objetivo y las cautelas clínicas que plantea el nuevo estudio define el debate que viene.

Fuente: Oregon Capital Chronicle / The Portland Tribune

Foto: «Psilocybe Cubensis», de Rohan523 (CC BY-SA), vía Wikimedia Commons.