En 2026 se cumplen 25 años desde que Portugal despenalizó la posesión de todas las drogas para uso personal, una de las experiencias de salud pública más largas del mundo. En un artículo publicado en The Conversation y difundido por la Universidad de Maine, los investigadores Karyn Sporer y Robert Glover sostienen que el verdadero aprendizaje del modelo portugués no es el cambio legal en sí, sino el sistema de atención que se levantó a su alrededor.

El contraste con Estados Unidos es fuerte: cerca de 70.000 personas murieron allí por sobredosis en 2025, menos que las casi 108.000 de 2022, pero todavía muy por encima de otros países de altos ingresos.

De la crisis de la heroína a una estrategia

A fines de los años noventa se estimaba que el 1% de la población portuguesa era adicta a la heroína, las muertes por sobredosis crecían y el país tenía la mayor incidencia de VIH de la Unión Europea entre personas que se inyectaban drogas. Incluso antes de la reforma, policías y personal sanitario ya derivaban a esas personas hacia la atención en lugar del castigo.

En 1998 el gobierno convocó a una comisión de médicos, psiquiatras, psicólogos, juristas e investigadores. Sus recomendaciones dieron forma a una estrategia nacional de 1999 que integró prevención, tratamiento, reducción de daños y reinserción social. La despenalización llegó en 2001.

Los números del modelo portugués

Las muertes relacionadas con drogas cayeron con fuerza y siguen bajas para los estándares europeos: 105 sobredosis fatales en 2023, frente a 96 el año anterior y 81 en 2021. Los nuevos diagnósticos de VIH asociados a la inyección pasaron de 583 en 2005 a solo 19 en 2024, una caída cercana al 97%.

El tratamiento sigue en el centro: en 2023, más de 24.000 personas recibieron atención en la red pública ambulatoria especializada, que se complementa con material de consumo estéril, servicios de análisis de sustancias y salas de consumo supervisado.

Por qué otros no lograron copiarlo

Los autores recuerdan que el modelo es más fácil de admirar que de replicar. En Columbia Británica (Canadá), el piloto de despenalización de 2023 no obligó a la policía a derivar a servicios ni sumó fondos para tratamiento, y las listas de espera persistieron.

En Oregón, la Medida 110 de 2020 despenalizó la posesión, pero una auditoría estatal de diciembre de 2025 describió liderazgo inestable, servicios demorados y mala coordinación. Sin apoyo policial y con creciente presión pública, el estado volvió a penalizar la posesión en 2024.

La salud antes que el castigo

Para Sporer y Glover, la conclusión es clara: reducir los daños del consumo exige construir y sostener durante años un sistema que conecte a las personas con tratamiento, atención médica y apoyo social, sin exigir la abstinencia como condición previa. Cambiar la ley puede ser parte del camino, pero lo difícil y decisivo es la infraestructura que viene después.

Fuente: The Conversation / Universidad de Maine

Foto: Lisbon Streets #18 por claralieu (CC BY 2.0).