La ibogaína, un potente psicodélico extraído del arbusto africano Tabernanthe iboga, sigue ganando terreno en la agenda política estadounidense. Nueva Hampshire acaba de convertirse en el último estado en legislar a su favor: su gobernadora, Kelly Ayotte, promulgó una ley que destina fondos públicos a investigar la sustancia como posible tratamiento contra las adicciones.
Un millón de dólares para un esfuerzo compartido
La norma, tramitada como el proyecto HB 1772 e impulsada por el representante republicano Michael Moffett, asigna un millón de dólares para que el estado se sume a un consorcio multiestatal. El objetivo de esa alianza es financiar y coordinar ensayos clínicos con ibogaína como fármaco en investigación para el trastorno por consumo de sustancias y otras condiciones neurológicas y de salud mental.
La ley deja claro que la ibogaína se contempla únicamente para uso investigacional, es decir, dentro de estudios autorizados y no como un tratamiento de libre acceso. Es una distinción importante: se trata de abrir la puerta a la ciencia, no de despenalizar su consumo.
Por qué tanto interés en la ibogaína
El atractivo de esta sustancia reside en los datos observacionales y en estudios realizados fuera de Estados Unidos, que sugieren que una sola experiencia con ibogaína podría interrumpir de forma marcada la dependencia de opioides y reducir el síndrome de abstinencia. Para un país golpeado por la crisis de los opioides, esa promesa resulta difícil de ignorar.
Sin embargo, la ibogaína no está exenta de riesgos. Puede alterar el ritmo cardíaco y se han documentado muertes asociadas a su uso sin supervisión médica, motivo por el cual los expertos insisten en que cualquier avance debe producirse dentro de ensayos rigurosos y con control cardiológico estricto. De ahí que el enfoque de «uso investigacional» que adoptan estas leyes sea el camino más prudente.
Una tendencia que se extiende por Estados Unidos
Nueva Hampshire no actúa en solitario. En los últimos meses, estados como Texas, Kentucky, Indiana, Ohio, Nueva York y otros han aprobado fondos o programas para estudiar la ibogaína, en un giro político llamativo que ha unido a legisladores de ambos partidos, con especial impulso desde sectores republicanos preocupados por la salud de los veteranos de guerra.
La lógica del consorcio multiestatal apunta precisamente a sumar recursos: en lugar de que cada estado financie ensayos aislados y pequeños, varios podrían mancomunar presupuestos para diseñar estudios más grandes y sólidos, capaces de generar la evidencia que la agencia reguladora federal exigiría para una eventual aprobación.
Foto: «Tabernanthe iboga bark pieces», Kim Gjerstad, CC BY-SA 3.0.
