En 2022, los votantes de Colorado aprobaron la Proposición 122 y convirtieron al estado en el segundo de Estados Unidos con acceso regulado a la psilocibina. La medida despenalizó la posesión, el cultivo y también el hecho de compartir psilocibina, DMT, mescalina e ibogaína. Cuatro años después, un grupo de activistas sostiene que la legislatura ha recortado ese último derecho sin preguntar a nadie, y quiere devolver la decisión a las urnas.

La letra pequeña de una ley sobre ibogaína

El origen del conflicto es la ley HB 26-1325, que el gobernador Jared Polis firmó a principios de junio. La norma fue presentada como el vehículo para crear un programa estatal de investigación con ibogaína, con hasta cinco centros piloto orientados sobre todo a veteranos con TEPT y trastornos por consumo de sustancias.

Pero enmiendas introducidas poco antes de que la legislatura levantara la sesión añadieron restricciones sobre cómo pueden compartirse las medicinas naturales fuera del sistema regulado de centros de curación. La Sección 8 reescribió la definición de «uso personal»: ahora el consumo debe producirse de forma concurrente al acto de compartir, se establecen nuevas distinciones entre actividad personal y conducta comercial, y se limita la publicidad de servicios relacionados.

«Los votantes aprobaron el derecho a compartir»

La campaña Voted to Share, impulsada por Coloradans for Natural Medicine Rights, presentó una petición de referéndum dirigida exclusivamente a esa Sección 8. Si prospera, los votantes decidirían en noviembre de 2026 si aceptan o rechazan ese apartado, dejando el resto de la ley —incluido el programa de ibogaína— intacto.

«Creemos que es nuestro derecho usar medicinas naturales de forma responsable y libre en nuestros propios espacios seguros, y que los votantes aprobaron el derecho a compartir», declaró Jacob Marlega, uno de los organizadores y propietario de una granja de setas gourmet. «La legislatura cambió lo que eso significa, y creemos que deberían decidir los votantes».

El trasfondo: el mercado gris de los hongos

Los reguladores estatales y varios legisladores llevan tiempo preocupados por clubes de membresía, organizaciones comunitarias y colectivos micológicos que han utilizado las protecciones de uso personal de la Proposición 122 como paraguas para ventas sin licencia. La Sección 8 nació precisamente como respuesta a ese mercado gris.

Los promotores del referéndum responden con un argumento de acceso: los servicios de psilocibina en centros regulados son recientes, no están cubiertos por seguros médicos y una sesión puede superar fácilmente los 1.000 dólares. Si compartir deja de estar protegido, quien no pueda cultivar por su cuenta ni conozca a alguien dispuesto a regalarle hongos se queda sin alternativa legal asequible.

Una carrera contra el reloj

El obstáculo es formidable: la campaña necesita reunir 124.238 firmas válidas de votantes registrados en Colorado antes del 11 de agosto. Los organizadores reconocen que la cifra es difícil y confían casi por completo en voluntarios de base.

El programa de ibogaína, en todo caso, no se vería afectado por el referéndum. Ese apartado de la ley depende de sus propias condiciones: la Administración de Salud Conductual solo podrá activar las secciones clave si consigue al menos 150.000 dólares en donaciones o aportaciones antes del 1 de enero de 2028, ya que el estado no financia la investigación con fondos propios.

Foto: «Quite possibly psilocybin mushrooms», de Francis Storr, vía Openverse (CC BY-SA 2.0).

Fuente: Westword