La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó dos enmiendas que consolidan a los psicodélicos dentro de la política sanitaria militar del país. Las medidas se incorporaron a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2027, que salió adelante por 216 votos contra 212 tras aprobarse las enmiendas por voto de viva voz dentro de un paquete conjunto.

Seis años más de investigación militar

La primera enmienda extiende el programa de estudios psicodélicos del Departamento de Defensa que se autorizó por primera vez en la NDAA de 2024, firmada entonces por Joe Biden. Aquel texto obligaba al Pentágono a crear un procedimiento para que militares en servicio activo con estrés postraumático o daño cerebral traumático pudieran participar en ensayos clínicos con psilocibina, MDMA, ibogaína, 5-MeO-DMT y otras «terapias alternativas de origen vegetal», con una dotación inicial de 10 millones de dólares.

La versión original solo exigía informes de seguimiento durante tres años. La nueva enmienda sustituye ese plazo por nueve y ordena expresamente prolongar la investigación financiada hasta el 30 de septiembre de 2033. Entre los promotores figuran los representantes Morgan Luttrell (republicano por Texas), Jack Bergman (republicano por Míchigan), Lou Correa (demócrata por California), Seth Moulton (demócrata por Massachusetts) y otros seis legisladores de ambos partidos.

El informe adjunto al proyecto amplía además el perfil de los participantes: incluye a militares en periodos posteriores al despliegue y de transición a la vida civil, y a miembros de la Reserva y la Guardia Nacional que además trabajan en servicios de emergencia. También menciona de forma explícita los estudios con «productos en investigación que contienen psilocibina, incluidas formulaciones derivadas del hongo entero administradas en entornos terapéuticos estructurados», una referencia poco habitual en un texto legislativo de defensa.

El decreto de Trump, camino de convertirse en ley

La segunda enmienda, impulsada por Luttrell, Correa, Michael Rulli (republicano por Ohio) y Michael McCaul (republicano por Texas), busca convertir en ley federal partes del decreto que Donald Trump firmó en abril sobre acceso a terapias psicodélicas.

El texto obligaría al Departamento de Asuntos de Veteranos a designar en un plazo de 90 días a un responsable que supervise las actividades vinculadas a las «intervenciones terapéuticas emergentes» —la ibogaína entre ellas— y a coordinarse con otras agencias federales. Ese departamento tendría que remitir un informe al Congreso en 60 días y luego cada dos años, y trabajar junto a la FDA y la DEA en un análisis conjunto dentro de los primeros 180 días.

Por otra parte, el secretario de Defensa deberá presentar antes del 1 de febrero de 2027 una evaluación de los datos disponibles de estos ensayos, junto con un examen de los «requisitos legales y regulatorios para el acceso ampliado» —tanto bajo el decreto presidencial como bajo la ley de Derecho a Probar (Right to Try)— y un calendario propuesto para posibles actividades piloto o investigación clínica ampliada a partir del año fiscal 2027.

Un contraste revelador

Mientras las enmiendas psicodélicas avanzaban sin oposición audible, la dirección republicana de la Cámara bloqueó que siquiera se debatiera una propuesta distinta: ampliar las exenciones para reclutas que dan positivo en cannabis. El contraste dibuja con nitidez el momento político actual, en el que sustancias que siguen en la Lista I federal encuentran menos resistencia legislativa que la marihuana cuando el argumento se formula en clave de salud de los veteranos.

La NDAA debe todavía conciliarse con la versión del Senado antes de llegar al escritorio presidencial, de modo que ninguna de las dos enmiendas es definitiva.

Fuente: Marijuana Moment