Indiana se sumó a la creciente lista de estados de EE.UU. que apuestan por la ibogaína como herramienta médica. Una disposición incluida en la ley HB 1001 —promulgada como Public Law 213— entró en vigor el 1 de julio de 2026 y amplía el fondo estatal de investigación terapéutica con psilocibina para que pueda financiar también estudios con ibogaína, el potente alcaloide de origen africano que despierta un interés cada vez mayor por su posible utilidad frente a las adicciones.

De la psilocibina a la ibogaína

El estado ya contaba con un mecanismo público destinado a impulsar la investigación clínica con psilocibina. La novedad es que ese vehículo de financiación deja de ser exclusivo de un solo compuesto: al incorporar la ibogaína, Indiana reconoce que el campo psicodélico avanza en varios frentes a la vez y que conviene no cerrar la puerta a sustancias con perfiles y aplicaciones distintas. La ibogaína, en particular, concentra buena parte de las esperanzas —y también de las cautelas— por su reputación como posible interruptor de la dependencia a opioides.

Un patrón que se repite en todo el país

El movimiento de Indiana no ocurre en el vacío. Varios estados han aprobado en los últimos meses marcos legales para estudiar la ibogaína: Misisipi promulgó su Ley de Ensayos Clínicos de Desarrollo de Fármacos con Ibogaína, dotada con cinco millones de dólares; Kentucky destinó fondos multimillonarios pese a la oposición inicial de su gobernador; y Colorado avanza con un programa piloto de investigación coordinado con las agencias federales. A nivel nacional, un grupo bipartidista del Congreso presentó a comienzos de julio la Ley IBOGAINE, que instruiría al fiscal general a evaluar el traslado de la sustancia de la Lista I a la Lista II.

Qué cambia con esta ley

Al tratarse de una ampliación de un fondo ya existente, la medida de Indiana no crea una estructura nueva desde cero, sino que agiliza la posibilidad de que investigadores del estado accedan a recursos públicos para diseñar estudios con ibogaína bajo supervisión regulatoria. En un terreno donde el principal obstáculo suele ser la financiación y el encaje legal, ese tipo de ajustes normativos —discretos pero concretos— son los que van abriendo espacio, estado por estado, a una investigación que durante décadas quedó confinada a los márgenes.

Fuente: Americans for Ibogaine / Legislative Analysis

Foto: Gage Skidmore, licencia BY-SA 2.0 vía Openverse