Un equipo de investigadores irlandeses —Brian O’Mahony, Colm Harrington, Andrew Harkin y Níall Lally— publicó en el Journal of Psychopharmacology una revisión titulada «Trip killers: Addressing a critical knowledge gap in psychedelic research», que pone bajo la lupa una práctica cada vez más común en entornos de reducción de riesgos y clínicos: el uso de sedantes o antipsicóticos para interrumpir de forma abrupta una experiencia psicodélica angustiante.
Qué son los ‘trip killers’
El término informal «trip killer» describe cualquier sustancia farmacológica utilizada para acortar o detener los efectos de un psicodélico durante una experiencia que se ha vuelto abrumadora o peligrosa para la persona. Se dividen en dos grandes categorías: benzodiacepinas como el diazepam o el alprazolam, que actúan como sedantes generales, y antipsicóticos o ciertos antidepresivos —como la risperidona, la quetiapina, la trazodona o la mirtazapina— que bloquean directamente el receptor de serotonina 5-HT2A, el mismo que activan sustancias como la psilocibina o el LSD.
El problema: se usan sin suficiente evidencia
Los autores advierten que, pese a que estos fármacos se recomiendan habitualmente en espacios de reducción de riesgos —desde festivales hasta líneas de ayuda telefónica— y en algunos protocolos clínicos de emergencia, existe muy poca investigación controlada sobre cuál es en realidad el fármaco más seguro y eficaz para esta situación específica. Según el estudio, un «trip killer» ideal debería tener un inicio de acción rápido (idealmente entre 5 y 15 minutos), ser fácil de administrar, estar disponible en contextos de urgencia, ser económico, actuar mediante el bloqueo del receptor 5-HT2A y tener una vida media de entre 4 y 6 horas —lo suficiente para superar el pico de efecto de la sustancia sin generar somnolencia prolongada ni complicaciones como depresión respiratoria o inestabilidad cardiovascular.
Por qué importa ahora
El llamado de atención llega en un momento en que el consumo de psicodélicos, tanto recreativo como en contextos terapéuticos supervisados, sigue en expansión. Los autores sostienen que, a medida que más personas acceden a estas sustancias —ya sea en retiros, en programas estatales regulados como los de Oregón y Colorado, o de forma no supervisada—, los sistemas de salud necesitan protocolos basados en evidencia real para actuar ante una crisis psicológica aguda, en lugar de recomendaciones basadas en la tradición oral de los espacios de reducción de daños. El estudio funciona, en ese sentido, como un pedido explícito de más financiamiento para investigar formalmente qué funciona y qué no a la hora de asistir a alguien durante un mal viaje.
Foto: Homedust, licencia CC BY 2.0 vía Openverse
Fuente: Journal of Psychopharmacology